Ley Sinde. Diez visiones.

Cinco preguntas a diez expertos e implicados en torno a la denominada 'Ley Sinde' configuran una buena visión global del impacto de la normativa recuperada en el Senado para el cierre de páginas web de descargas y enlaces a descargas. Responsables de asociaciones de derechos de autor, juristas, políticos, empresarios y administradores de páginas de enlaces han contestado al siguiente formulario:

1. En primer lugar, valore la propuesta 'antidescargas' pactada en el Senado. En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con ella? Explique brevemente por qué.
2. ¿Piensa que la nueva propuesta es más garantista, al introducir la figura del juez también en la identificación del posible infractor?
3. Qué opina de la labor de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual? ¿Está de acuerdo con su composición?
4. Qué opina de la negociación de la enmienda? ¿Cree que ha sido suficientemente transparente?
5. Qué consecuencias cree que tendrá la aplicación de las medidas englobadas en la llamada Ley Sinde? ¿Cree que cumplirá con su finalidad última, es decir, frenar las descargas no autorizadas en la Red?

Julio Alonso, director general de Weblogs S.L.

1. En total y absoluto desacuerdo. Es una ley colada de mala manera, muy pobre desde el punto de vista jurídico, que no resuelve lo que pretende resolver y que, además, genera problemas nuevos, entre ellos una tremenda indefensión jurídica para todos los que tenemos proyectos en Internet.
2. El juez sigue siendo un mero comparsa. No importa cuántos jueces intervengan, sino sobre qué intervienen. El proyecto actual limita la actuación del primer juez a autorizar la entrega de la IP de quien la comisión decida que es infractor y el segundo sólo comprueba que no haya conflicto con el artículo 20 de la Constitución. Ninguno de los dos puede entrar en el fondo de la cuestión: ¿Existe un delito o un ilícito civil?
3. La SS [Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual] es una comisión subordinada al Ministerio de Justicia compuesta totalmente por funcionarios de diversos ministerios cuyo objetivo es usar recursos públicos para intentar resolver, ya digo que en vano, el problema de reconversión industrial de un sector concreto. El interés público brilla por su ausencia en esta comisión.
4. De nuevo, absolutamente no. Y sin tener que remontarnos al origen de esta ley revelado por los cables de WikiLeaks. Lo sensato habría sido dejar estas medidas fuera de la LES [Ley de Economía Sostenible] y abrir un debate más amplio y más profundo sobre el papel de los derechos de autor en el contexto tecnológico y social actual. Justo cuando empezaban a abrirse tímidos canales de comunicación entre ambas partes, los políticos acuerdan una enmienda que apenas modifica nada sobre el texto original. No ha dejado contento a prácticamente nadie. Véase la dimisión de Álex de la Iglesia.
5. Las descargas no se van a frenar por esta ley, va a ser totalmente inoperante. Las páginas de enlaces cambiarán su modus operandi para evitarla y moverán sus servidores fuera de España si no lo están ya. Los usuarios empezarán a usar DNS internacionales, a usar VPNs y a encriptar sus comunicaciones. Y la industria, dentro de pocos meses, pedirá nuevas medidas más restrictivas aún. Y mientras, la ley se utilizará para limitar la capacidad de crítica en Internet con la propiedad intelectual como excusa.

David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual

1. Estoy en completo desacuerdo. La enmienda es cosmética y no cambia el hecho de que mediante la llamada 'Ley Sinde' se atribuiría a una comisión del Ministerio de Cultura y no a un juez la potestad de decidir si desde una web se vulneran derechos de propiedad intelectual así como el cierre de la página. Todo ello con independencia de que la web tenga o no ánimo de lucro.
2. La cuestión relevante es qué decide el juez. En el procedimiento se limita expresamente al juez la posibilidad de decidir si existe o no la infracción denunciada y la pertinencia del cierre de la web. Si bien podrá usarse contra cualquier web que un titular de derechos señale con el dedo, el procedimiento parece diseñado para cerrar las denominadas como webs de enlaces, que los jueces vienen declarando unánimemente como no infractoras de derechos. Ahora el Ejecutivo eliminará a esos mismos jueces de la ecuación y rearbitrará un partido que la industria perdía por goleada.
3. En absoluto. La comisión estará formada por miembros de diversos ministerios lo que dará a la Administración una llave única y sin precedentes para cerrar páginas pese a que la actividad que realizan podría considerarse perfectamente legal según el criterio de un juez. Los conflictos relacionados con la propiedad intelectual, especialmente complejos y llenos de matices, deben ser decididos por jueces. No se trata de un coche aparcado en doble fila, una cuestión de hecho objetiva y fácil de comprobar, sino de una materia que requiere un conociento profundo.
4. Nos enteramos de su contenido cuando se cerró definitivamente el acuerdo. Así de transparente ha sido.
5. La norma resultará del todo punto ineficaz a los fines que pretende. Creer que por cerrar páginas de enlaces -que carecen de todo contenido más allá de los propios links- significará acabar con el las descargas es como pensar que eliminando el índice de la enciclopedia acabas con la enciclopedia. Los ciudadanos seguirán intercambiando archivos desde las redes P2P, que cuentan con sus propios buscadores. En menos de una semana se habrá encontrado un nuevo y, probablemente, más eficaz, modo de localizar los archivos que se desean intercambiar.

Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea

1. De acuerdo por ser un paso adelante y en desacuerdo por quedarse corta, tal como explicamos aquí.
2. Sí, es más garantista, aunque en muchos casos no será necesaria la intervención de un juez: la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, ya obliga a las personas que desarrollan su actividad en internet a proporcionar información detallada en la web sobre su titular y a notificar las direcciones y nombres de dominio que se utilicen en Internet, datos públicos y consultables por cualquier ciudadano en el registro mercantil correspondiente.
3. Respecto a su labor, será probablemente ineficaz que la adopción de medidas "para que se interrumpa la prestación de un servicio" dependan de que "el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Si eso es realmente lo que determina nuestro actual marco legislativo, conviene revisarlo. La autorización para compartir contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual debe darla su propietario, y la vulneración sistemática, con lucro o sin él, debe ser causa suficiente para protegerla.
4. Tan transparente como la negociación de cualquier otra ley, aunque ha sido lamentable que los partidos rechazasen la ley solamente para recordar al Gobierno una vez más su soledad y ayer acordasen aprobarla con casi idéntico contenido y un par de guiños para la galería: hacer intervenir antes a unos jueces que iban a intervenir igualmente y concretar que se modificará la normativa del canon, algo que también se iba a hacer igualmente.
5. Reducirá los negocios parásitos en España y dificultará el acceso a los negocios parásitos internacionales. Aunque se hayan producido diferentes interpretaciones judiciales al respecto, es evidente que descargarse una película estrenada el pasado viernes es muchísimo más fácil desde esta página que teniendo que buscar de otra manera el link que ese sitio te facilita.

Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE

1. Parcialmente de acuerdo. Si es eficaz y los plazos exprés se cumplen, puede ser un buen instrumento para luchar contra la piratería organizada en webs que se lucran con el trafico de contenidos ajenos. Sin embargo, olvida el problema del P2P, que en España tiene proporciones alarmantes y deja fuera, por tanto, el 50% del problema.
2. Es más garantista aunque la anterior ya lo era suficientemente. El problema es si un excesivo garantismo no le va a restar eficacia a la norma...
3. Su labor aún no ha empezado y no la puedo juzgar. Imagino que, como órgano administrativo que es, que trabajara con eficacia y rigor y su composición, al menos teóricamente, parece equilibrada.
4. Todo lo que se debate en el Parlamento es público y transparente, pues son quienes representan la soberanía popular. Lo que no se puede pretender es que se haga un referéndum para cada decisión que se vaya a tomar.
5. Esperemos que funcione. Si no, habrá que retocarla y seguir mejorándola. La lucha contra la piratería es un proceso dinámico y permanente y como tal hay que abordarlo. En cualquier caso, no podemos olvidar que esta ley es sólo un primer paso y que sólo afecta a una parte del problema. En este sentido, al ser una solución parcial (olvida el P2P) no puede ser sin duda la solución definitiva al problema.

José María Lasalle, diputado del PP

1. Es una solución equilibrada que concilia la protección judicial de la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión en la red con la tutela de los derechos de propiedad intelectual. Además, fuerza al Gobierno a que en tres meses modifique la regulación del canon a lo dispuesto en la reciente sentencia del Tribunal Europeo.
2. Sí, porque ésta sólo puede producirse con autorización judicial, algo que en la redacción anterior no se establecía. Esta circunstancia sumada al hecho de que ejecución de la resolución esté en manos del juez, establece un modelo mixto, judicial-administrativo, que salvaguarda los derechos y libertades fundamentales que sustentan la privacidad y la circulación de información en la red: el derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución), secreto de la comunicaciones (artículo 18.3 de la CE) y la libertad de expresión e información (artículo 20.1.a, b y d).
3. Están representados los ámbitos de la Administración implicados en la gestión de la propiedad intelectual. Su labor está regulada legalmente -y no sólo reglamentariamente- al fijarse el procedimiento y los plazos que han de seguirse en la adopción de las medidas.
4. No ha diferido del resto de las negociaciones políticas previas a un debate público. La luz y los taquígrafos se producirán en el Senado y será un proceso público. En él se podrán escuchar los argumentos y las razones que han justificado la toma de posición política de los grupos involucrados en la negociación.
5. Dará un marco de seguridad jurídica durante el periodo de transición que debe mediar hasta que se elabore una Ley de Propiedad Intelectual que asuma los presupuestos digitales de los derechos de autor y la introducción de los nuevos modelos de negocio que hagan posible una explotación eficiente de los mismos en la red. La finalidad última es reducir el daño económico que están sufriendo nuestras industrias culturales, que representan casi el 4 por 100 del PIB y dan empleo a cientos de miles de trabajadores.

Aldo Olcese, presidente de La Coalición de Creadores

1. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos considera de gran importancia que dicha propuesta haya contado con un amplio consenso de los grupos políticos más representativos, que deberán responsabilizarse de su desarrollo eficaz. Esta circunstancia la convierte, prácticamente, en un pacto de Estado, dada la importancia que el sector de la creación cultural y de las industrias de contenidos y la propiedad intelectual tienen para nuestro país. No obstante, la norma propuesta debe ser mejorada, puesto que presenta determinadas carencias que no permiten atajar de manera eficiente las conductas vulneradoras. La tramitación preferente y el carácter definitivo y no apelable de las decisiones judiciales, la definición y la actuación contra las conductas vulneradoras y no sólo de los contenidos ilícitos y, en especial, la utilización de páginas de enlaces, así como la determinación de un plazo corto para aprobar el reglamento de desarrollo, son todas ellas cuestiones que deberían resolverse en la tramitación parlamentaria que queda en el Senado.
2. Es obvio que es más garantista, si bien de forma totalmente innecesaria puesto que los datos que se solicitan son de carácter mercantil y, de hecho, son datos que, según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, deberían estar a disposición pública en cualquier página web que ofrece cualquier tipo de servicio. Por tanto, son datos que nada tienen que ver con la intimidad de las personas ni con el secreto de las comunicaciones. Es evidente que el procedimiento se complica de forma inútil. Además en la propuesta del Gobierno ya existía una intervención judicial previa a la aplicación de medidas, con lo que las garantías judiciales ya eran plenas.
3. Su labor está bien definida en la propuesta de enmienda conjunta y su composición, en la que intervienen distintos ministerios, parece que ofrece suficientes garantías.
4. Lo importante es que ha contado con un amplio consenso de los grupos políticos más representativos que deberán responsabilizarse de su desarrollo y futura eficacia.
5. Es difícil juzgar a priori el resultado de esta norma. En cualquier caso, si se producen determinadas modificaciones (plazos preferentes, definición y actuación contra conductas vulneradoras y no contra contenidos concretos, y en especial contra las páginas de enlaces..) antes de su aprobación definitiva en el Senado, así como un buen desarrollo del correspondiente reglamento, es posible que esta norma sea un buen primer paso para atajar la lacra que la piratería supone para los creadores y la industria cultural de este país. En cualquier caso, como hemos dicho siempre, habrá que medir los resultados dentro de un tiempo y actuar en consecuencia.

Pablo Soto, creador de Manolito P2P y Foofind

1. Desde 2006 con el caso Sharemula, y hasta hoy, uno tras otro los jueces que han analizado la situación jurídica de las webs de enlaces han determinado que no existe ilicitud en las mismas, ya que enlazar a un contenido no equivale a reproducirlo, haya o no ánimo de lucro y con o sin autorización. Un enlace no es una obra intelectual, sino un dato fáctico sobre una obra, y no hay juez que valore lo contrario. Esta ley elimina a los jueces de la discusión de ese asunto, poniendo la decisión del cierre de páginas web en manos de una comisión del Ministerio de Cultura. Es una ley hecha a medida de la industra del entretenimiento, que equipara la propiedad intelectual a derechos fundamentales, que pone en serios apuros la separación de poderes y que encima será eficaz para todo menos para impulsar la cultura. No podría estar más en desacuerdo con la redacción aprobada.
2. El problema es que el juez consultado para identificar al posible infractor, y también para ejecutar la resolución de la Comisión del Ministerio, no entrará en el fondo del asunto. Lo referente a si hay o no infracción, esto es, si la página merece ser cerrada, depende exclusivamente del Ministerio de Cultura. La Comisión tiene total potestad para decretar el cierre. Eso, sea en China o sea en España, se llama censura. Lo que nos venden como garantía no es más que un trámite de forma en el que se le pide una firma al juez, sin que se le permita valorar los motivos del documento que firma. Hay que tener en cuenta que esta reforma, que toca distintas leyes, no mueve ni una sola coma de la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, lo que antes no era infracción sigue sin serlo. Entonces, volvamos a los motivos de esta Ley; si con ella los jueces pudieran valorar si hay o no infracción en las webs, sentenciarían los mismos cierres contra páginas de enlaces que han resuelto hasta el momento: ninguno. El juez no firma eso con la Ley Sinde.
3. El hecho de que el ejecutivo secuestre competencias del poder judicial es alarmante. La composición de la Comisión que decidirá qué es legal y qué no lo es en Internet, además, estará compuesta íntegramente por vocales de distintos Ministerios, es decir, cargos políticos. Teniendo en cuenta que la visión restrictiva de la propiedad intelectual que tiene Cultura colide con un altísimo porcentaje de prácticas habituales en la red, esto implica que el partido que gobierne en cada momento en España tendrá pleno poder para cerrar páginas a discreción en Internet sin juicio de por medio.
4. La transparencia brilla por su ausencia en este tipo de negociaciones políticas. Como hemos visto en WikiLeaks, la opacidad política normalmente está destinada a tapar maniobras vergonzosas.
5. Es ridículo pensar que va a cambiarse la realidad a golpe de decreto. No ocurrió con el caso Napster hace 10 años, ni ocurrirá ahora con la Ley Sinde. Las leyes deberían reflejar la realidad social del momento, y no intentar cambiarla para evitar malestares a ciertas multinacionales. Pero la Ley Sinde sí será muy útil como herramienta de censura. Sin la tutela judicial efectiva previa a esta ley, se podrán lograr cierres administrativos de páginas web molestas, utilizando una visión restrictiva de la propiedad intelectual como excusa.

José Andrés Torres Mora, secretario ejecutivo de Cultura del PSOE

1. Me parece una propuesta razonable que da una satisfacción razonable a las demandas legítimas, pero también diversas y contradictorias entre sí, de los distintos sectores relacionados con la propiedad intelectual. Además contribuye a la defensa de la cultura como sector económico en el que España goza de ventajas competitivas de primer orden, una orientación que en este momento es prioritaria para el Grupo Parlamentario Socialista.
2. La garantía judicial ya existía en la propuesta inicial, si bien se ha explicitado la intervención judicial en la identificación de la web responsable: será siempre un juez quien deba autorizar o no la identificación del presunto responsable de la vulneración de los derechos de autor. En cuanto al acto que pondrá en su caso fin al procedimiento, ningún contenido será retirado sin que un juez avale esa retirada, tal y como propuso el Gobierno al inicio del trámite parlamentario.
3. La composición de la Sección Segunda exclusivamente por representantes de los Ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia garantiza la independencia en la toma de decisiones por aquélla y el criterio técnico, al estar presentes expertos en materias como propiedad intelectual o sociedad de la información, y al no estar en esa toma de decisiones las partes interesadas, que sí podrán hacer alegaciones y proponer la realización de prueba en pie de igualdad ante la Comisión.
4. Recuerdo pocas ocasiones en la que se haya producido una interacción tan amplia con todos los sectores interesados en una propuesta legislativa o se haya hecho un seguimiento tan continuado de la actuación de los representantes de los ciudadanos.
5. Esta disposición va a permitir que todo aquel que vea vulnerados sus derechos de autor en Internet los haga valer ante la Administración, y que ésta, bajo supervisión judicial, retire los contenidos digitales ofrecidos sin autorización de sus autores y propietarios, rompiendo la impunidad contra la que todos los países de nuestro entorno están intentando actuar.

Gaizka, webmaster de Cinetube

1. Estoy en contra de la ley lógicamente. En primer lugar porque apunta directamente contra webs como la mía y en segundo lugar porque es ineficaz para dar solución a cualquiera de las partes.
2. En ningún caso. La LSSI ya contempla que un prestador de servicios tenga que identificarse y cualquiera puede ver ahora mismo quien está detrás de las webs de enlaces sin necesidad de una nueva ley. Yo me siento completamente indefenso.
3. Todavía está por ver de qué manera actuará esta comisión y quienes serán las personas que la compongan. En cualquier caso, cualquier comisión compuesta por orden del ministerio de cultura y cuya función sea cerrar páginas webs, no parece que pueda ser muy imparcial.
4. Yo no he visto por ningún lado la forma en la que se ha negociado. Lo han mantenido en secreto. Pienso que las negociaciones se han tenido que fundamentar en otros aspectos completamente ajenos a la Ley Sinde, ya que el resultado final del texto es básicamente el mismo.
5. Como ya te comento anteriormente las consecuencias no serán buenas para ninguna de las partes. Podrán cerrar un número limitado de webs, pero es imposible que puedan parar las descargas. Mientras la industria no se adapte a los nuevos modelos de negocio que ofrezcan gran variedad de contenido a precios asequibles, la gente optará por otras formas de compartir. Yo en siempre he pretendido poder dialogar en nombre de cinetube, pero lo único que han querido ha sido quitarme del medio mediante denuncias y ahora con la nueva ley.

El totalitarismo de la progresia. Fernando Trueba: "Todas las dictaduras para mí son de derechas"

Los adalides del progreso, de la democracia y de las libertades: los progres.
  La última declaración la del cineasta Fernando Trueba, que afirma que todas las dictaduras que existen son de derechas. A saber como en Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte... por poner sólo algunos de los ejemplos más evidentes.
 Y yo lo que me pregunto. Si estos progresistas defienden con tanta pasión y devoción las dictaduras en estos países, por qué no se van a vivir allí? Que sean consecuentes por favor, que vayan a disfrutar de esos gloriosos países...

Los españoles a pagar cenas de 1800 Euros a los artistas.

Poco antes de que el Congreso tumbara la polémica ley antidescargas, resucitada después en el Senado, la ministra de Cultura celebró una cena con algunos de los artistas que más se han significado en la causa por la Ley Sinde. Entre los invitados estaban, según informó El Confidencial Digital, Alejandro Sanz, David Bisbal y Miguel Bosé.

La velada se celebró en el restaurante 'El Bogavante del Almirante', próximo al Congreso, y según el mismo diario, la factura ascendió a 1.800 euros. Medios apuntan a que en el menú se incluía jamón ibérico de bellota, tarrina de foie con cebolla dulce, arroz con bogavante...

La duda era quién había corrido con los gastos: si los propios comensales, la ministra o, como se temía, el Ministerio, es decir, todos los españoles. Pues bien, fuentes de Cultura han confirmado a esRadio que en efecto fue el departamento de González Sinde el que pagó la cena.

Como explicación, alegan que ese tipo de encuentros con artistas "son habituales" y que "forman parte del trabajo" de la ministra

Denuncian a la SGAE por frauda y apropiacion indebida

Miguel Pérez Subías, en representación de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Víctor Domingo, en representación de la Asociación de Internautas (AI), y Ana María Méndez, en representación de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), miembros de la plataformaTodoscontraelcanon, denuncian este martes ante laFiscalía Anticorrupción a las entidades de gestión de derechos de autor (incluida la SGAE) por los "posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida".

En concreto, los denunciantes acusan a los Consejos de Administración o Juntas de Gobierno de las diversas entidades de gestión de apropiarse indebidamente de cerca de 50 millones de euros provenientes del canon digital que deberían haber sido abonados a los autores o bien devueltos, según la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Y es que, las entidades tan sólo se pueden deducir de la recaudación por copia privada (canon digital) un 20% (10% para obra social, 10% para fomento de la cultura), aparte de los costes de administración o gestión de cobro, mientras que el resto debería ser repartido entre los autores. Sin embargo, según la documentación aportada a la Fiscalía, las entidades repartieron en 2008 y 2009 un porcentaje muy inferior al debido.

En concreto, las entidades retuvieron un 37,5% de lo recaudado por copia privada en 2009 y un 14,07% en 2008. Es decir, unos 50 millones de euros en dos años que, según los denunciantes, supone una "capitalización extra que debería haber sido dedicada al fin por que fue recaudada y si no lo ha sido, retornada.

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Según la denuncia, "se ha vulnerado el Real Decreto 1434/1992 (art. 39) al no repartir a autores, productores y ejecutantes y apropiarse, (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MÁS DE OCHO MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años; se ha incurrido en falsedad documentalya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden; posible Fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención; posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado".

Editorial Liberta Digital: una asencia que les pasará factura

El 5 a las 5 no sólo sirvió para mostrar la mejor parte de la sociedad civil española. Si bien es cierto que con su presencia decenas de miles de ciudadanos nos recordaron que seguimos siendo una nación que no está dispuesta rendirse frente a quienes la quieren destruir, las ausencias también permitieron poner nombres y apellidos a los personajes más serviles dentro de la clase política.

Al cabo, ningún socialista ni casi ningún popular quisieron acompañar a las víctimas en la denuncia del proceso de rendición que Zapatero y Rubalcaba están perpetrando ante la ETA. Porque, en última instancia, de lo que se trataba era de impedir la consumación de la traición a la Nación, al Estado de Derecho y a las víctimas que supondría que, tras casi mil asesinatos, la banda terrorista prevaleciera sobre la justicia.

Ayer, tras ignorar el rotundo éxito del sábado, PP y PSOE coincidieron en rechazar la posibilidad de que ASB, la marca blanca de Batasuna –es decir, de ETA–, concurriera a las elecciones municipales del próximo mes de mayo y "regresara" a las instituciones. Unas posiciones de firmeza que, como poco en el caso del PSOE y no sabemos si también en el del PP, se antojan mera representación de un tira y afloja destinado a ocultar a la opinión pública las auténticas componendas que tienen lugar detrás de los focos.

Pues no olvidemos que la ETA, por obra y gracia de un Gobierno que se niega a aplicar la Ley de Bases de Régimen Local, no ha abandonado en ningún momento las instituciones: sigue presente en numerosos consistorios vascos y navarros a través de la fachada de ANV. La denuncia y la oposición a cualquier atisbo de cesión por parte del Ejecutivo a la banda terrorista debieron haberse hecho el sábado en la calle junto a las víctimas y no un día después de despreciar la manifestación.

Todo ello en especial después de que el viernes el juez Ruz anunciara que no llamaría a declarar al secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho; inaudita decisión que no sólo muestra nuevamente la escasa calidad de nuestra justicia, sino que además levanta lógicas sospechas de que el mismo Gobierno que jura no estar negociando con ETA –y al cual el PP cree a pies juntillas al menos hasta los comicios de mayo– intenta ocultar uno de los frutos más podridos del anterior proceso de rendición. Los políticos y ciudadanos realmente preocupados por que prevalezca la democracia sobre la ETA deberían haber acudido sin pensárselo a la manifestación del sábado tras la decisión de Ruz, como sí hicieron, por ejemplo, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz y María San Gil.

Tras dar la espalda a las víctimas, simplemente no podemos tener la convicción de que nuestros representantes públicos, incluyendo a la actual dirección del PP, no van a anteponer el ventajismo político de rendirse ante la ETA y ante el nacionalismo a la prevalencia del Estado de Derecho. Porque, en el fondo, ya lo han hecho: su ausencia el 5 a las 5 los delata.

El Arca de la Alianza.

La revelación del milenio

El Arca de la Alianza, según la Biblia, es la caja que guardaba las Tablas de la Ley de Moisés con los Diez Mandamientos, y constituye, sin la menor duda, el objeto sagrado más codiciado de cuantos han sido buscados por el hombre en distintos lugares de la tierra, desde África a Oriente Medio.

Rodeada de misterios, todavía hoy es uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento. Durante siglos, el Arca ha encendido la imaginación de fanáticos, místicos, aventureros, arqueólogos y escritores. Su búsqueda por la historia ha sido incesante, los propios masones o los templarios estuvieron cerca de encontrarla , pero hasta ahora pocos son los elegidos que han podido verla.

Parece ser, que el Arca se encuentra en Etiopía y que la humanidad está a punto de asistir a su Revelación:  EL Patriarca copto ortodoxo de Etiopía, Abuna Paulos, acaba de pronunciarse al respecto de la reliquia y ha asegurado en una rueda de prensa, en el Hotel Aldrovandi en Roma, que "ha visto" el Arca de la Alianza y que su estado de conservación es "bueno". Paulos cre que ha llegado el momento de la verdad,  afirma que no puede decir donde se encuentra el Arca, pero sí asegurar que la ha visto y que es como está descrita en la Biblia.

Según la tradición copta ortodoxa etíope, el Arca de la Alianza, se encuentra custodiada en la catedral de Tsion Maryam, en el reino de Axum, en Etiopía, después de que fuera robada de Jerusalén por el hijo del rey Salomón-el vástago Emperador Menelik I-,y llevada a Axum, considerada como la Jerusalén de Etiopía. En Axum ha sido custodiada durante siglos y hasta hoy, por monjes ortodoxos de la ciudad...

Paulos subrayó que ha invitado al papa Benedicto XVI a visitar Etiopía y la ciudad santa de Axum donde se va a construir un importante museo, aunque todavía está por decidir si será el lugar para guardar la verdadera Arca de la Alianza. ¿Será el Papa el siguiente en ver el Arca, antes de que el mundo asista a su revelación?

Y una última cuestión; Si verdaderamente la reliquia ha estado todo este tiempo en Etiopía, ¿cómo el mundo no se ha percatado antes  de ello? La respuesta habrá que buscarla una vez más en la leyenda.

Cómo llega el Arca desde Israel a Etiopía

Hace 3000 años el Arca fue traída a Jerusalén y adorada como el más sagrado de los objetos sagrados, para las gentes de entonces, el Arca significaba  la personificación de la presencia de Dios en la Tierra. Sin embargo, en algún momento de ese remoto pasado, el Arca desapareció, esto dió origen a una búsqueda que ha inspirado a creyentes y cazadores de fortunas durante milenios.

La Biblia narra que en tiempos de Salomón y Saba, nació Menelik I,su hijo vástago y  primer rey de Etiopía. Años más tarde Menelik fue enviado a casa de su padre en Jerusalén para recibir educación, a pesar de los esfuerzos de Salomón para que se quedara, Menelik regresó a Etiopía con el primer hijo del sumo sacerdote. La tradición cuenta que se llevaron consigo el Arca y la colocaron en un templo en la isla de Elefantina cerca del río Nilo, donde permaneció por 800 años. ¿Qué sucedió luego de esos 800 años? Etiopía fue convertida al Cristianismo y el rey cristiano llegó con sus ejércitos, llevó el Arca a Axum y la colocó en la Iglesia de Santa María de Sion donde esta desde entonces.

Curiosamente, el Arca es el punto central del culto y la adoración cristiana en Etiopía, cada una de las 20.000 iglesias de Etiopía contiene un réplica del Arca de la Alianza.

El misterio del Arca de la Alianza será revelado

Ha comenzado, pues, la cuenta atrás para que finalmente sea revelado el misterio de la sagrada Arca de la Alianza. En más de 200 referencias el Antiguo Testamento se describe con detalle los sorprendentes poderes legendarios del Arca, capaz, entre otros, de liberar ráfagas de luz divina y cuyos rayos pueden incinerar a cualquiera.

Según la tradición judía, en ella se encuentran las tablas de la Ley, es decir, los Diez Mandamientos y entre sus materiales podemos encontrar la madera de acacia. Construida por Moisés, por fuera está decorada de oro y estuvo en posesión del pueblo judío hace mucho tiempo: les acompañó en sus vicisitudes, en sus batallas y sus luchas contra los filisteos y se mantuvo en diversos lugares hasta que el Rey David pensó colocarla en la fortaleza en Jerusalén.

Pero fue Salomón, hijo y sucesor de David, el que puso finalmente el Arca en el Templo de Jerusalén, que él mismo había construido. Esta historia se entrelaza con otros acontecimientos históricos y religiosos. De hecho, el Arca desapareció en el 586 aC, con la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios y la consiguiente destrucción del Templo de Jerusalén.

Durante el reinado de Salomón, Jerusalén pasó a ser el centro de la vida política y religiosa en la tierra santa. En pleno corazón de Jerusalén se erigía el templo construído por Salomón para alvergar el Arca de la Alianza, el Arca permaneció en el templo hasta algo después del año 900 a.C. cuando, misteriosamente, desapareció. Desde entonces no se hizo gran mención de ella en la Biblia. Inexplicablemente el Arca desapareció y durante más de 2000 años de búsqueda y exploración se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno al Arca Perdida.

La búsqueda del Arca por los templarios

Hace casi 1000 años, las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén de manos de los musulmanes que habían gobernado la ciudad desde el séptimo siglo. En el 1119 de nuestra era, un grupo conformado por nueve nobles franceses, que se hacían llamar los los caballeros pobres de Cristo y del templo de Salomón, llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del monte, donde una vez estuvo el templo de Salomón. Los caballeros sostenían que su misión en tierra santa era mantener libres de bandidos el camino a Jerusalén. Sin embargo, nunca salieron de la montaña-templo y, en cambio, comenzaron a cavar. Trabajando desde afuera de la mezquita comenzaron a excavar la caverna natural que yacía debajo de la piedra sagrada. La caverna, según la tradición islámica, se conocía como el "pozo de las almas", un pasaje que llevaba a las entrañas de la tierra y que conducía a un tesoro custodiado por demonios; en realidad lo que los caballeros buscaban era el Arca de la Alianza. Pero nunca la encontraron. En épocas más recientes, los arquéologos israelíes descubrieron la salida al tunel que cavaron los caballeros de la montaña-templo. El túnel se extiende por debajo de la montaña, pero debido a restricciones impuestas por el gobierno musulmán, nunca ha sido explorado. 
Viaje al Sur

En 1989 un periodista británico hizo una declaración que sacudió al mundo. La legendaria Arca Perdida no se encontraba perdida en realidad sino a salvo, escondida en una iglesia de Etiopía a donde había sido trasladada secretamente hace más de 1000 años.

Ahora volvemos a tener noticias de la existencia del Arca en Etiopía.

De confirmarse la autenticidad de la reliquia podríamos esperarnos cualquier tipo de respuesta por parte de las distintas comunidades religiosas que han tenido relación con el Arca sagrada en el pasado. Tal vez, habría que valorar los pros y contras de contar la verdad, puede que sea preferible que permanezca el misterio en torno al Arca de la Alianza y sus enigmas sigan sin ser desvelados.

El 5 a las 5. Gracias de todo corazón.

Vivimos en tiempos difíciles. La crisis nos golpea a todos con fuerza. Esa crisis negada una y mil veces por ZP y sus secuaces . ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no salen? Siempre la misma historia. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que abandonan...
 Son tiempos difíciles, agravados además por esa ncompetencia y sectarismo de un Gobierno que maneja los demás poderes como en una dictadura. Hace tiempo que con ZP los tres poderes son uno solo ante la inacción de una mayoría ciudadana huera y rebañil.
  Pero, como orgullosa excepción, la asociación Voces contra el Terrorismo, organizó este fin de semana una manifestación contra la rendición de un Gobierno a una banda de asesinos, contra la traición de un gobierno a los ciudadanos de bien, a los valores que nos hacen libres y dignos. Pero este Gobierno no conoce de eso.
  Desde aquí, me gustaría darles las gracias por ello. De todo corazón. Porque con gente como ellos, el porvenir se tejo con hilos de valores, de principios, de honor, de libertdad. Porque con ellos, podemos soñar por un mundo mejor.
 Gracias... muchas gracias.

Los beneficios que el Gobierno de ZP concede a los presos de ETA

Algunos han sido acercados a cárceles del País Vasco, otros han recibido permisos penitenciarios para cursar estudios que le permiten abandonar a diario la prisión y muchos, simplemente, han quedado en libertad. Nos referimos a varios presos de la banda terrorista ETA o del entorno proetarra que desde los últimos meses disfrutan de una política penitenciaria más permisiva llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es el caso de sanguinarios terroristas como José Luis Álvarez Santacristina, alías Txelis, o Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa. Sin embargo, desde el Ejecutivo se asegura que estos etarras no están recibiendo ningún trato de favor debido a la coyuntura política, a pesar de que son muchas voces las que creen que actualmente se está negociando con ETA y que estos privilegios están incluidos en esa negociación.

La prisión vasca de Nanclares de la Oca (en Álava) junto a las cárceles de Villabona en Asturias y la de Zuera en Zaragoza son donde el Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba agrupa a los presos que Interior considera críticos con la banda terrorista.

El denominador común que une a estos etarras que ahora disfrutan de privilegios es haber mostrado de alguna manera arrepentimiento por su pasado criminal. La otra característica común en todo ellos es el daño que han hecho a personas inocentes, las víctimas del terrorismo.

Decisiones judiciales criticables

La primera excarcelación que provocó indignación entre este colectivo llegó de la mano de uno de sus jueces bandera del Gobierno de Zapatero, el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones, Baltasar Garzón. El polémico juez excarceló a Rafael Díez Usabiaga, veterano líder del sindicato proetarra LAB y uno de los nombres más destacado del entramado civil de ETA, para que pudiese dedicarse a cuidar de su madre en cumplimiento de la Ley de Dependencia. Para llevarlo a cabo, contó con la complicidad del testimonio de una edil del PSE en el Consistorio guipuzcoano de Lasarte, que certificó y avaló ante el magistrado que el dirigente proetarra era la persona que cuidaba habitualmente de su progenitora.

La realidad es que el proceso llevado a cabo por Garzón para excarcelar a Usabiaga fue una cadena de hechos plagada de mentiras, pues el juez dio por buenos documentos que no eran válidos y dio una importancia desorbitada al testimonio de la edil socialista a la hora de dejar en libertad al dirigente proetarra.

Tan sólo cuatro días después de que el que fuera máximo dirigente del sindicato proetarra LAB saliese a la calle, también era excarcelado Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería. El que había sido número uno de la organización terrorista ETA hasta su detención en 2000 en la localidad francesa de Bidart –en el mismo sitió donde cayó el triunvirato etarra que conformaban los etarras Pakito, Txelis y Fiti–quedaba en libertad sin cargosal considerar los tribunales que las causas por las que se mantenía en prisión en España desde el año 2008 eran las mismas por las que ya había cumplido penas de prisión en Francia.

Sin apenas tiempo para asimilar los sobresaltos, se tenía conocimiento público de que el sanguinario terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos se encontraba en paradero desconocido. Según informaba entonces la edición digital de la BBC, las autoridades norirlandesas llevaban más de un mes sin noticias sobre el paradero del terrorista, que debía presentarse a diario en comisaría. El Gobierno Zapatero se vio obligado a reconocer también que no tenía conocimiento del paradero del terrorista, lo que dejó de relevancia que las Fuerzas de Seguridad españolas no habían recibido la orden del controlar los movimientos en tierra irlandesa del sanguinario asesino. El pasado lunes, el juez Eloy Velasco archivaba provisionalmente la causa abierta por la Justicia española contra el etarra al encontrarse éste en situación de rebeldía.

Y tras la excarcelación del que fuera número uno del sindicato de referencia para los etarras, llegó el turno de hacer el gesto con el que fuera número uno del brazo político de ETA. Un permiso a Arnaldo Otegi para visitar a su padre en San Sebastián propició que el portavoz batasuno estuviese más de quince días en la prisión donostiarra sin autorización judicial, una situación que fue denunciada porLibertad Digital. Pese al silencio inicial del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, Otegi tuvo que abandonar la cárcel de Martutene. Eso sí, Rubalcaba premió a Otegi trasladándolodesde la prisión madrileña donde cumplía condena, en Soto del Real, hasta el centro penitenciario de La Rioja.

Además, el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional lo absolvió de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el mitín en el velódromo de Anoeta en 2004. Para el tribunal, la alocución del proetarra aquel día fue una forma de defender "la conveniencia y necesidad de un proceso de diálogo y negociación para la resolución del conflicto de manera pacífica y democrática". Aquel día Otegi se jactó ante los asistentes de participar en "un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal".

Cinco terroristas "casi libres"

Estos han sido algunos de los casos más sonados, pero no los únicos. En estos momentos, en régimen de semilibertad se encuentra los terroristas Luis María Lizarralde, Fernando de Luis Astarloa, Andoni Muñoz de Vivar, José Luis Álvarez Santacristina y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares.Todos ellos accedieron a este beneficio tan sólo unos meses después de ser trasladados al penal alavés de Nanclares de Oca donde el Ministerio del Interior agrupa a los presos que han acreditado su rechazo a la violencia.

Durante sus salidas diarias participan en cursos de formación y desempeñan algún empleo con vistas a su reinserción. En algunos casos se trata de trabajos remunerados.

El segundo grado lo concede Instituciones Penitenciarias, es decir, el Ejecutivo, y lo hace con o sin el apoyo del juez de Vigilancia Penitenciaria, ya que éste sólo se pronuncia sobre la idoneidad de la concesión sin que su decisión sea vinculante. Además, la ley permite a un preso en segundo grado la posibilidad de disfrutar de hasta 36 días de permiso al año fuera de la cárcel a repartir entre un máximo de 6 cada trimestre en la mayoría de los casos.

En la actualidad hay varios presos en Nanclares que se acogen a este tipo de permisos con la esperanza de algún día acogerse también a la situación de semilibertad. En los últimos meses gozaron de varios días de permiso presos como Koldo Martín Carmona o Jesús García Corporales. El histórico etarra Kepa Picabea es otro de los que ha disfrutado al menos de tres periodos de permiso de libertad recientemente.

Una veintena de acercamientos

El número de acercamientos llevado a cabo en los últimos meses supera la veintena. En 2010 han sido trasladados a la cárcel de Villabona ocho presos: Juan Ignacio Delgado Goñi, Andoni Díaz Urrutia, Sebas Extaniz Alkorta, Anartz Oiarzabal, Asier Ormazabal, Sebastián Prieto, Francisco José Ramada y Gabriel Zabala Erasun. Por su parte, otros ocho han sido los trasladados a Zuera: Josu Amantes, Iñaki Bilbao, Mikel Egibar, Jokin Errazti, Iñaki Etxeberria, Kepa Etxeberria, Aitor Herrera y José Javier Zabaleta.

También han sido premiados por el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba, los etarras Sagrario Yoldi Múgica y José Luis Elkoro, que han sido trasladados a las cárceles de Nanclares de Oca (Álava) y Martutene (San Sebastián), respectivamente. El último beneficiado de la política penitenciaria del Gobierno ha sido al veterano dirigente etarra Valentín Lasarte, trasladado este mismo mes a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.

Entre otras acciones, Lasarte fue condenado a 30 años de cárcel por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente alcalde del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995 cuando formaba parte del grupo Donosti de ETA. Precisamente, para protestar por este tipo de medidas la Fundación Gregorio Ordóñez será una de las que acuda el próximo día 5 a las 5 a la manifestación convocada por la víctimas del terrorismo bajo el lema "No más mentiras, no más treguas trampa".

Llamativo también es el caso de Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarzolo, dos terroristas de ETA que formaron parte del grupo Barcelona de ETA que causó el terror en Cataluña a principio de los años 2000. Dentro de esa estructura de pistoleros de ETA asesinaron al edil del PP en Sant Adriá del Besos (Barcelona) José Luis Ruiz Casado; al ex ministro de Sanidad del Gobierno González Ernest Lluch; al edil del PP en Viladecans (Barcelona) Francisco Cano Consuebra; y al guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Cervilla Valladolid. Además, intentaron atentar hasta en ocho ocasiones contra el periodista Luis del Olmo.

A ambos, la consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía les pagará un tratamiento de fertilidad, después de que ambos etarras no hayan conseguido engendrar un hijo en los bis a bis que han mantenido desde que fueron arrestados por la Guardia Civil, según se hizo público en diversos medios de comunicación el pasado mes de mayo. El tratamiento fue aprobado y se está llevando a cabo en el hospital público Reina Sofía, en Córdoba, provincia en cuya cárcel de Alcolea cumplen condena los dos asesinos.

Pero los permisos para engendrar no han sido sólo para personas. Jaione Intxaurraga Uribarri, la tesorera de Batasuna en Navarra, para la que la justicia pide ocho años de cárcel y que se encuentra en libertad bajo fianza desde que pagase 30.000 euros en 2002, recibió autorización por parte de la Audiencia Nacional para abandonar España y desplazarse hasta el sur de Francia para cruzar a uno de sus perros de competición.

Faisan: caso abierto. Intereconomia Editorial.

No debería echar las campanas al vuelo Rubalcaba porque el juez Pablo Ruz haya decidido no llamar a declarar a Antonio Camacho, número dos de Interior, en relación al caso Faisán. El momento procesal es un “por ahora” y no implica cerrar las investigaciones sobre el chivatazo ni dejar de poner la lupa sobre el secretario de Estado y su famoso número de teléfono con el que habló con imputados en el affaire del Faisán.

Lo que ha ocurrido es que el magistrado de la Audiencia Nacional se ha atenido a un informe policial de Interior para señalar que el testimonio ante los tribunales del secretario de Estado de Interior, no es “determinante” a efectos de establecer la verdad de lo sucedido en torno al chivatazo. Quedan pendientes otras muchas diligencias y Camacho podría ser llamado a declarar en el curso de la investigación.

La coartada esgrimida por el Gobierno, a saber, que diversos miembros de las Fuerzas de Seguridad utilizaban con alguna frecuencia el móvil de Camacho, resulta inverosímil, el más débil de los pretextos para engañar a la opinión pública justo cuando el caso Faisán estaba a punto de ser revelado en toda su verdad.

Pero mientras el juez de la Audiencia Nacional investiga de forma minuciosa, cuidando las garantías procesales, el Gobierno trata de guardar las espaldas de Camacho. Como hoy publica LA GACETA, el Ministerio de Justicia acaba de echarle una mano, al respaldar su blindaje dentro de la carrera fiscal. Y Rubalcaba, por su parte, aprovecha la finta procesal de ayer para buscar tajada política. Es plenamente consciente de que en su propio futuro el mayor lastre es precisamente el turbio caso Faisán. El affaire no hace sino acentuar esa sombra sobre el posible sucesor de Zapatero como candidato socialista en las próximas elecciones generales. Su enfado farisaico ante los periodistas en el día de ayer –el ministro habló de “calumnias” contra su secretario de Estado– es de una hipocresía propia del número dos del Gobierno. Porque el caso no está cerrado. Y la Justicia no ha dicho su última palabra sobre el Faisán.

Al margen de la finta procesal de esta semana, hay una serie de hechos ciertos que se resumen en uno: en plena tregua-trampa de ETA, en mayo de 2006, hubo un soplo de Interior a la banda de asesinos. Y por ese asunto están imputados varios cargos de la cúpula policial, con Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía en primer término. Y desde el número de teléfono de Camacho, número dos de Rubalcaba, se hicieron llamadas a los imputados. Y el juez de la Audiencia Nacional investiga, entre otras cosas, la conexión del chivatazo con el PSOE. También sabemos que desde la propia Justicia –Garzón– y desde la Fiscalía se ha tratado de entorpecer el proceso judicial, echando tierra sobre la investigación del chivatazo. Y que esta es una de las pruebas inapelables de que el Gobierno no ha roto del todo los hilos de la negociación con los asesinos.

Huelgan las arrogantes réplicas de Rubalcaba, que se ha tomado a broma la treintena larga de preguntas parlamentarias. Porque si hasta ahora los responsables de Interior no han tenido que comparecer ante la Justicia para explicarse, al menos sí deben hacerlo ante todos los españoles en sede parlamentaria. Porque mientras callen Rubalcaba y Camacho las sospechas seguirán creciendo. Si el propio Rubalcaba se niega a “poner la mano en el fuego” por sus compañeros del partido y del Gobierno, cómo no han de tomar cuerpo las sospechas entre la ciudadanía. Tanto que quizá se lleven por delante al propio superministro y a su número dos.

El chvatazo a ETA, desde Interior. Editorial Libertad Digital.

Una de los solicitudes más escandalosamente desatendidas durante la instrucción del "caso Faisán" hasta que, recientemente, se ha hecho cargo de la misma el juez Pablo Ruz, fue la planteada por la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, consistente en identificar a los usuarios de los tres teléfonos del Ministerio del Interior que comunicaron durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los mandos policiales imputados en la causa. Gracias a un auto en el que el juez Pablo Ruz ha ordenado que se practiquen dichas identificaciones, se ha sabido que el usuario de uno de esos teléfonos es, nada más y nada menos, que el del secretario de Estado y número dos de Interior, Antonio Camacho.

Semejante noticia no viene sino a reforzar la lógica y fundamentada sospecha de que el delito de colaboración con banda armada y el de revelación de secretos perpetrado en el bar Faisan se debió a una orden procedente de las más altas instancias del Ministerio de Interior: al presumible interés del Gobierno por evitar detenciones que pudieran desbaratar las negociaciones con la banda, se suma el hecho de que ese mismo Gobierno había redactado unos informes que verificaban un supuesto compromiso de ETA de incluir en su alto el fuego actividades terroristas tales como la extorsión o el rearme mediante robo de explosivos.

Lo cierto, sin embargo, es que la banda terrorista jamás se comprometió a incluir en su alto el fuego el cese de dichas actividades, tal y como fácilmente se puede comprobar leyendo sus chantajistas comunicados de tregua de aquella época. Lo cierto, también, es que veinticuatro horasdespués de su primer comunicado de tregua, y coincidiendo con el segundo comunicado en el que los terroristas insistían en negar el carácter democrático a los Estados español y francés, y en exigirles que no pusieran al "proceso soberanista" ningún tipo de "injerencias ni limitaciones", la banda cometía un robo de explosivos en Francia. Lo cierto, asimismo, es que, muy poco tiempo después, empresarios navarros y vascos empezaron a denunciar que les seguían llegando cartas de extorsión de ETA, de las que el Gobierno y el PSOE o bien decían "no tener constancia", o bien las atribuían a un envío anterior al comunicado de "alto el fuego". Lo cierto es que, en una entrevista publicada en Gara poco tiempo después, los propios etarras justificaban esas cartas de extorsión por "razones de financiación" a las que no renunciaban ni siquiera temporalmente.

Con todo, el Gobierno no estuvo dispuesto a que semejantes hechos pulverizaban ese falso espejismo de paz al que tanto había apostado: las silenció tanto como centró la atención pública en unos supuestos "informes de verificación" que tramposamente acreditaban el cese total y absoluto por parte de ETA de cualquiera de sus actividades terroristas. El máximo responsable de la elaboración de dichos falsos informes no era otro que el actual secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

Veremos si el descubrimiento de que los imputados en la causa estuvieron en contacto directo con la cúpula de Interior, antes y después de que supuestamente perpetraran el soplo policial a los "recaudadores" de ETA, provoca nuevas imputaciones. Pero, al margen de ello, es evidente que, por el más elemental sentido de la responsabilidad política, ni Camacho ni Rubalcaba deben seguir siendo los maximos responsables de la política antiterrorista, dada la creciente sospecha de haber sido unos de sus máximos traidores.

O Me! O Life! by Walt Whitman

O ME! O life!... of the questions of these recurring; 
Of the endless trains of the faithless—of cities fill’d with the foolish; 
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish than I, and who more
    faithless?) 
Of eyes that vainly crave the light—of the objects mean—of the struggle ever
 renew’d; 
Of the poor results of all—of the plodding and sordid crowds I see around me;
Of the empty and useless years of the rest—with the rest me intertwined; 
The question, O me! so sad, recurring—What good amid these, O me, O life? 
  
Answer.
That you are here—that life exists, and identity; 
That the powerful play goes on, and you will contribute a verse.