La escuela de Criminología de Cataluña ha sido el último caso de acoso por parte de la Generalidad en su persecución al castellano. De hecho, esta Academia privada ha sido sancionada con 1.200 euros bajo el pretexto de "vulnerar los derechos lingüísticos que son reconocidos a los consumidores, dado que los contratos y documentos no están, al menos, en catalán".
Según informa El Mundo, la propia Dirección General de Universidades denunció a este centro tras ser alertada por la Agencia Catalana del Consumo. Este organismo utiliza para ello el artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística que dice: "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos en catalán".
Tal y como cuenta el propio subdirector de la Academia, José Luis Giménez, ha asegurado que todo esto "es un despropósito, una locura en toda regla". De hecho, indicó que "nadie, ni clientes ni futuros clientes, nos ha pedido, en todos estos años de trabajo, un folleto en catalán; mi sector es pequeño".
En este sentido, Giménez subrayó que "es una muestra más de la persecución inquisitorial que sufrimos los castellanohablantes en Cataluña, ya casi un estado nacional socialista".
"Yo nunca hablo catalán aunque lo entiendo perfectamente; es mi decisión. Pero vivo en una comunidad autónoma bilingüe en que el castellano es también una lengua oficial", sentenció indignado.
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