El presidente del Gobierno se niega a aclarar si se ha pagado el rescate de 750.000 dólares que el mediador Andrew Mwangura sostiene que han recibido los secuestradores por liberar a la tripulación del Playa de Bakio. En 59 Segundos, de TVE, la redactora jefe de El Periódico de Catalunya, Margarita Sáenz, ha defendido este lunes "sin complejos" esta forma de colaboración con banda armada tipificada en el artículo 576.2 del Código Penal.
No pasó nada. Ni la conductora del programa le advirtió de su apología del delito, ni el presidente descartó de las prácticas de su Gobierno la aberración de negociar y ceder ante criminales, ni el resto de periodistas invitados al cortejo dieron muestras de la menor incomodidad por compartir labores con una amante del delito tan impúdica.
Pregonar en un lugar público la evasión de impuestos, el tráfico de drogas o la explotación infantil probablemente acarrearía la justa detención o, como mínimo, el repudio y el vacío social de un portavoz que no tuviese la suerte de gozar de esa hiper-legitimidad que se arrogan los periodistas de nuevos y viejos regímenes. Pero en la televisión pública se hace pedagogía de la colaboración con asesinos y, aquí Paz y en el Cielo, Gloria. A tal deshilachamiento ha llegado el tejido moral de la élite de la Opinión. La barbarie se expende a compradores indolentes, la manipulación se acepta sin esperanza ni desesperación.
La ambigüedad de Rodríguez Zapatero en este episodio indiciario de escándalo es la misma que ha mantenido sobre la negociación con ETA. En puridad, no hay ninguna razón de carácter o de antecedentes para que este presidente no se aviniese a satisfacer las condiciones de los secuestradores de la tripulación española, sin tener que explicarse por ello, ni responder de la seguridad de los marineros que se echarán al mar a faenar en esas mismas aguas, a partir de ahora.
Si ya concedió a ETA el regreso a los ayuntamientos a través de ANV, si negoció con la banda terrorista después del asesinato de Carlos Palate y Diego Estacio el 30 de diciembre de 2006, si puso en libertad a Ignacio De Juana cuando le convino a su transacción con los terroristas y mintió a la opinión pública sobre todo ello sin que le costase el Gobierno, ¿por qué habría de actuar ahora de manera distinta?
La penalización del pago de rescates por secuestros no es ninguna obstinación inhumana de los Estados, sino una medida que salva vidas humanas. Todos los países democráticos lo han comprendido, especialmente los que más sufren las lacras del terrorismo y del crimen organizado. Italia, Colombia y España han sido de los primeros países en tipificar la cesión a la extorsión como una forma de colaboración con banda armada. El dinero de los rescates se usa para comprar armas, reclutar más terroristas y perfeccionar los planes de nuevos secuestros. En Colombia, el Informe Nacional de Desarrollo Humano correspondiente al año 2003 estimó en un 22 por ciento el peso del pago de rescates y otras formas de extorsión en las finanzas de las organizaciones terroristas, que ingresaban, entonces, alrededor de 100 millones de dólares al año por este concepto.
"Y es que la disposición a pagar y el dinero que se recoge son los mejores alicientes para que el negocio –que tan sólo exige la vigilancia y manutención de la víctima– siga en alza", señala la periodista Martha Elvira Soto, del diario El Tiempo de Bogotá.
En Italia, las medidas contra el pago de rescates, como bloquear las cuentas de origen de esos fondos, dieron resultados contantes y sonantes: se pasó de 800 secuestros en 1991, a 268, en 1994.
"En la práctica", señala la ONG holandesa Paz Christi, con una larga trayectoria de oposición al pago de los rescates en casos de secuestro, "la solidaridad que se tiene con un secuestrado al pagar por su libertad, se convierte en falta de solidaridad con los demás miembros de la sociedad, pues lo único que hace es aumentar la rentabilidad del negocio y, por consiguiente, el riesgo de secuestro para más gente".
"Hay que penalizar los pagos y responsabilizar a gobiernos y empresas. Sabemos que con los rescates se compran armas. Las multinacionales no revelan las cifras de lo que pagan, pero es mucho dinero", comentaba Liduine Zumpolle, portavoz de Pax Christi a El Tiempo de Bogotá, en 2003, a propósito de la publicación de los datos del Informe de Desarrollo Humano.
En marzo de 2005, tras la liberación de la cooperante Giuliana Sgrena, secuestrada en Iraq, el entonces ministro Gianfranco Fini descartó el pago de un rescate a los terroristas: "Italia no tiene transacciones con criminales".
La experiencia de la lucha contra el terrorismo de extrema izquierda y contra el crimen organizado ha conducido al Estado italiano a una posición política y moral de inequívoca firmeza ante el chantaje.
España se incorporó a esta doctrina de penalización del pago de rescates en 1983, durante el primer Gobierno del PSOE presidido por Felipe González. El entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, defendió sin demasiado éxito en el seno del Ejecutivo la necesidad de perseguir penalmente a los intermediarios en secuestros.
La tipificación como delito del pago de rescates y la satisfacción de extorsiones entra en la reforma del Código Penal de 1995, de la mano del último Gobierno socialista. El artículo 576 establece:
1. "Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista".
2. "Son actos de colaboración (...) cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas" (...)
La filosofía que sostiene esta caracterización penal descansa, tanto en la experiencia contrastada de que ceder a los criminales los fortalece y pone en peligro más vidas humanas, como en la elección moral que representa no transigir jamás ante el Mal. Todos los gobiernos, entre 1995 y 2004, y la mayoría de víctimas de secuestros han comprendido los fundamentos de esta forma de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Ortega Lara y la familia de Miguel Ángel Blanco son los casos más representativos de resistencia personal y firmeza del Estado frente al chantaje de sus secuestradores.
En 59 Segundos, un programa que convierte a la televisión pública en tribuna para la pedagogía del delito y la rendición, el presidente ha asumido implícitamente que pagar a secuestradores es la forma en que el Gobierno de España resuelve este tipo de crisis. Cuando la periodista que lo interpelaba con arrobo hizo su alegato a favor de la extorsión, Zapatero, lejos de descartar al Estado para colaborar con ella, indicó a los terroristas el camino, al señalar que a él, lo único que le ha preocupado es la vida de los 26 tripulantes del Playa de Bakio. Esas vidas únicas e irremplazables se han salvado, es cierto. Después de todo –vino a decir Zapatero– ése era el objetivo y se ha cumplido, así que no hay razón para criticar al Gobierno por el modo en que lo ha conseguido.
Quizá los marineros que pongan rumbo hacia las mismas aguas, o hacia otras igualmente inseguras, no piensen lo mismo. Y quizá otras naciones que luchan a brazo partido contra el crimen, tampoco. El recado enviado por Rodríguez Zapatero, su periodista cortesana y Televisión Española a las bandas mafiosas del mundo es que hacer daño a españoles es un buen negocio. Lo que han visto los piratas del mundo estos días es que hay un Gobierno que pone precio a la cabeza de sus ciudadanos. Y lo siguiente que han visto esos criminales es el próximo barco español, a través del punto de mira de sus armas, navegando sin protección ni dignidad.
Nada que no supieran desde que Zapatero retiró a las tropas de Iraq.
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