La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la causa en la que investiga el denominado 'chivatazo' a ETA ya que considera que la práctica de diligencias ha finalizado. El Ministerio Fiscal, en un escrito hecho público este lunes dirigido al instructor, señala que "se ha venido investigando ininterrumpidamente" la filtración a miembros de la red de extorsión vinculada a ETA sin que se haya podido acreditar la identidad de la persona que llevó a cabo dicho chivatazo.
Por ello, el fiscal Carlos Bautista solicita el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.
Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2006, cuandoJoseba Elosúa, propietario del bar Faisán, recibió una llamada que le alertaba de una redada que iba a ordenar, de un momento a otro, el juez Fernando Grande-Marlaska, en aquellos momentos sustituto del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Según los datos contrastados de la investigación, el responsable del entramado financiero terrorista habló desde su coche con su cuñado y le explicó que "un hombre" le había pasado un teléfono móvil. Al otro lado, alguien le advirtió de que era controlado por la Policía y de que iban a producirse detenciones. Desde entonces, la causa ha estado sometida al secreto de sumario y aparentemente "dormida" en los cajones de la Audiencia Nacional. No obstante, en los últimos días existían informaciones de que el juez había reactivado la investigación con la citación de varios testigos.
Lo único que se conocía hasta este lunes fue el auto emitido por Baltasar Garzón en octubre de 2006 para liberar de cualquier atisbo de sospecha al ex comisario Fernando Mariscal, en ese momento jefe de seguridad del PSOE.
La Fiscalía desmonta la tesis de la Policía
Tras la investigación, en la cual el fiscal Carlos Miguel Bautista informa que se han llamado a declarar a más de sesenta testigos, las tres personas mencionadas (García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y el inspector de Álava) fueron citadas a declarar por Garzón como imputados sin que, según el Ministerio Público, se haya podido demostrar su culpabilidad.
La Fiscalía contradice la tesis de la investigación defendida por la Policía y argumenta que las intervenciones telefónicas a los imputados, así como a diferentes miembros de las Fuerzas de Seguridad "no han proporcionado ningún resultado positivo". Tanto los imputados como el procesado por colaboración con ETA negaron los hechos descritos por los investigadores.
"La conclusión que extraen los investigadores carece de aval probatorio". Es decir, que no se ha podido probar que en esa llamada del Jefe Superior de Policía al Inspector fuese cuando éste le pasó el teléfono a Elosúa y el Jefe Superior le comunicó la existencia de un dispositivo de seguimiento, acción que ejecutaron supuestamente, por orden o sugerencia del Director General de la Policía.
Un "topo" de ETA
El escrito de la Fiscalía también pone de relieve la "versión exculpatoria coherente" aportada por las tres personas citadas como imputadas, que alegaron que en la fecha de la supuesta filtración el responsable policial iba a mantener una entrevista con "un confidente, miembro activo de la organización terrorista ETA en la fecha de los hechos, con el cual ha tenido relación y entrevistas reservadas a lo largo de toda su vida profesional".
Además, en esa entrevista era "necesario", según el fiscal, que el inspector de Vitoria, "persona no conocida en Guipúzcoa, le hiciera la cobertura de la entrevista con un previo reconocimiento de la frontera, hecho que justifica sobradamente los contactos telefónicos entre ambos funcionarios policiales". La existencia de este confidente, según añade el escrito, es "apoyada por dos testigos".
En relación con el inspector, la Fiscalía señala que entre los días 3 y 5 de mayo se encontraba "realizando un curso de conducción 4x4, coincidiendo con el encargo de ofrecer cobertura" que le había encomendado el responsable policial.
También considera que "la deducción incriminatoria es todavía más inconsistente" en el caso de García Hidalgo porque los contactos telefónicos con el responsable policial eran "algo habitual y frecuente por los cargos que desempeñaban ambos", máxime cuando se estaba ejecutando "una importante operación antiterrorista" y el responsable policial era "una persona de la absoluta confianza del director".
El PP pide la comparecencia de Pumpido y Caamaño
En otro punto del escrito, la Fiscalía niega la tesis de que la finalidad del 'chivatazo' era evitar las detenciones argumentando que éstas no se llevaron a cabo "en ese momento, pero no por indicaciones o sugerencias de altos mandos del Ministerio del Interior, sino al parecer por instrucciones de las autoridades del país vecino a los funcionarios franceses del equipo conjunto de investigación".
Asimismo, el Ministerio Público pide que se levante el secreto de sumario acordado a esta ahora.
Por su parte, el PP ha anunciado a LDTV que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.
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