El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reivindicó el pasado sábado, en la Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en Chile, apostar por la "economía verde" como vía para salir de la recesión económica mundial. Sin embargo, el coste de este modelo saldrá muy caro a los españoles.
Cada “empleo verde” que generan las energías renovables ha necesitado subvenciones por valor de 571.138 euros desde el año 2000. Dicho coste supera el millón de euros por cada puesto de trabajo que ha sido creado en la industria eólica, según el Estudio de los Efectos del Apoyo Público a las Energías Renovables sobre el Empleo, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con analistas del Instituto Juan de Mariana (IJM).
El informe muestra el terrible coste laboral y económico que está provocando el modelo energético implantado en España, consistente en el desvío de enormes recursos públicos al fomento de las energías renovables. Entre 2000 y 2008, el Gobierno español ha comprometido un total de 28.671 millones de euros -descontada la inflación- en subsidios públicos al fomento de energías renovables para los megavatios instalados sólo en dicho período. Un dinero que ha sido o será "sufragado íntegramente por el bolsillo de los ciudadanos, ya sea mediante nuevas subidas en el precio de la luz o aumento de impuestos", advierte.
Las energías renovables consumen enormes recursos de los contribuyentes. En España, la renta vitalicia media que ingresan las energías renovables es equivalente al 4,35% de la recaudación anual de IVA, el 3,45% del Impuesto sobre la Renta (IRPF) o el 5,6% del Impuesto de Sociedades. De este modo, la factura de la luz tendría que aumentar un 31% para costear el denominado déficit de tarifa eléctrica, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Y ello, debido principalmente al coste de las energías renovables. El informe indica que los consumidores españoles se enfrentan, pues, a una fuerte subida de la tarifa eléctrica o un aumento de impuestos derivado de la política energética impuesta por el Gobierno. Como resultado, este despilfarro de recursos ha provocado ladestrucción neta de 113.000 puestos de trabajo en la economía española, según el informe. Es decir, 2,2 trabajos destruidos por cada “empleo verde” generado por este sector gracias a la subvención.
Cada megavatio verde instalado destruye 5,3 empleos
En términos de potencia instalada, cada megavatio "verde" subvencionado en España destruye un promedio de 5,39 empleos en el resto de la economía nacional: 8,99 en el caso de la energía fotovoltaica, 4,32 trabajos por cada empleo creado en la eólica y 5,84 en el caso de la mini-hidroeléctrica. A éstos, deben sumarse aquellos empleos perdidos como consecuencia de las deslocalizaciones o cierres a que se han visto forzadas algunas industrias españolas intensivas en consumo de electricidad.
El crecimiento exorbitado del déficit de tarifa (algo más de 15.000 millones de euros desde 2000 a 2008) está conduciendo a que la tarifa eléctrica esté sufriendo subidas importantes en los últimos años. "Sólo en 2007 se incrementó en torno a un 55% para grandes consumidores de electricidad, por lo que estos costes de electricidad no están pudiendo ser competitivos con los de otros países como Francia. Las empresas más afectadas por su alta intensidad de consumo eléctrico son las pertenecientes a los sectores de la metalurgia, la minería no metálica y la transformación de alimentos, bebidas y tabaco", añade el estudio.
Pérdida de competitividad
Además, advierte de que el precio mínimo que garantiza la ley a la generación de energía renovable, muy por encima de los precios de mercado, "desperdicia una gran cantidad de capital que podría haber sido destinado de un modo más eficiente a otros sectores productivos". España sufre una “burbuja” insostenible en el ámbito de las “energías verdes”. Un sector que está condenado a sufrir un ajuste "dramático, con desempleo masivo, pérdida de capital y desmantelamiento de industriasasociadas a la construcción de módulos, mantenimiento e instalaciones de plantas, etc., en caso de no mantenerse artificialmente mediante el actual nivel de ayudas públicas", según el estudio.
Cada “empleo verde” que generan las energías renovables ha necesitado subvenciones por valor de 571.138 euros desde el año 2000. Dicho coste supera el millón de euros por cada puesto de trabajo que ha sido creado en la industria eólica, según el Estudio de los Efectos del Apoyo Público a las Energías Renovables sobre el Empleo, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con analistas del Instituto Juan de Mariana (IJM).
El informe muestra el terrible coste laboral y económico que está provocando el modelo energético implantado en España, consistente en el desvío de enormes recursos públicos al fomento de las energías renovables. Entre 2000 y 2008, el Gobierno español ha comprometido un total de 28.671 millones de euros -descontada la inflación- en subsidios públicos al fomento de energías renovables para los megavatios instalados sólo en dicho período. Un dinero que ha sido o será "sufragado íntegramente por el bolsillo de los ciudadanos, ya sea mediante nuevas subidas en el precio de la luz o aumento de impuestos", advierte.
Las energías renovables consumen enormes recursos de los contribuyentes. En España, la renta vitalicia media que ingresan las energías renovables es equivalente al 4,35% de la recaudación anual de IVA, el 3,45% del Impuesto sobre la Renta (IRPF) o el 5,6% del Impuesto de Sociedades. De este modo, la factura de la luz tendría que aumentar un 31% para costear el denominado déficit de tarifa eléctrica, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Y ello, debido principalmente al coste de las energías renovables. El informe indica que los consumidores españoles se enfrentan, pues, a una fuerte subida de la tarifa eléctrica o un aumento de impuestos derivado de la política energética impuesta por el Gobierno. Como resultado, este despilfarro de recursos ha provocado ladestrucción neta de 113.000 puestos de trabajo en la economía española, según el informe. Es decir, 2,2 trabajos destruidos por cada “empleo verde” generado por este sector gracias a la subvención.
Cada megavatio verde instalado destruye 5,3 empleos
En términos de potencia instalada, cada megavatio "verde" subvencionado en España destruye un promedio de 5,39 empleos en el resto de la economía nacional: 8,99 en el caso de la energía fotovoltaica, 4,32 trabajos por cada empleo creado en la eólica y 5,84 en el caso de la mini-hidroeléctrica. A éstos, deben sumarse aquellos empleos perdidos como consecuencia de las deslocalizaciones o cierres a que se han visto forzadas algunas industrias españolas intensivas en consumo de electricidad.
El crecimiento exorbitado del déficit de tarifa (algo más de 15.000 millones de euros desde 2000 a 2008) está conduciendo a que la tarifa eléctrica esté sufriendo subidas importantes en los últimos años. "Sólo en 2007 se incrementó en torno a un 55% para grandes consumidores de electricidad, por lo que estos costes de electricidad no están pudiendo ser competitivos con los de otros países como Francia. Las empresas más afectadas por su alta intensidad de consumo eléctrico son las pertenecientes a los sectores de la metalurgia, la minería no metálica y la transformación de alimentos, bebidas y tabaco", añade el estudio.
Pérdida de competitividad
Además, advierte de que el precio mínimo que garantiza la ley a la generación de energía renovable, muy por encima de los precios de mercado, "desperdicia una gran cantidad de capital que podría haber sido destinado de un modo más eficiente a otros sectores productivos". España sufre una “burbuja” insostenible en el ámbito de las “energías verdes”. Un sector que está condenado a sufrir un ajuste "dramático, con desempleo masivo, pérdida de capital y desmantelamiento de industriasasociadas a la construcción de módulos, mantenimiento e instalaciones de plantas, etc., en caso de no mantenerse artificialmente mediante el actual nivel de ayudas públicas", según el estudio.
De hecho, España cuenta ya con la mayor "burbuja en el mundo" en este ámbito, especialmente, en 2008, gracias a las fuertes retribuciones garantizadas: la solar fotovoltaica". El inicio del pinchazo de su burbuja lo encontramos también en octubre de 2008, cuando entra en vigor un marco retributivo mucho más restrictivo, con objeto de controlar el déficit tarifario y reducir la llegada masiva de inversores no especialistas en el sector, que hasta entonces había sido abrumadora como resultado de que las tasas internas de retorno se movían entre un 15 y un 20%, siendo sustancialmente atractivas en cualquier época, pero en especial en tiempos de crisis, señala el informe.
La burbuja de las renovables
Además, el mantenimiento de este modelo energético retrasará la salida de la crisis económica en España, alerta. Pese a ello, el presidente de EEUU, Barack Obama, pone como ejemplo a España, y confía en las energías renovables para impulsar la economía de la primera potencia mundial. El estudio sugiere que, en caso de implantar el sistema español, EEUU podría perder igualmente 2,2 puestos de trabajo directos por cada “empleo verde” creado vía subvenciones. Es decir, EEUU se enfrentaría así a la destrucción de entre 6,6 millones y 11 millones de puestos de trabajo si apuesta por crear entre 3 y 5 millones de "empleos verdes", respectivamente, mediante la concesión de ayudas públicas, concluye el estudio.
Conclusions NREL Response to the Report
Study of the Effects on
Employment of Public Aid to
Renewable Energy Sources from
King Juan Carlos University
(Spain)
The recent report from King Juan Carlos University deviates from the traditional research
methodologies used to estimate jobs impacts. In addition, it lacks transparency and supporting statistics,
and fails to compare RE technologies with comparable energy industry metrics. It also fails to account
for important issues such as the role of government in emerging markets, the success of RE exports in
Spain, and the fact that induced economic impacts can be attributed to RE deployment. Finally,
differences in policy are significant enough that the results of analysis conducted in the Spanish context
are not likely to be indicative of workforce impacts in the United States or other countries.
Energy policy has always been a politically charged subject. And in today’s economy, where job
creation is at a premium, questions pertaining to the impact of energy policy on employment magnify
the sensitive nature of this debate. Measuring long-term economic and employment impacts is a
complex task, sensitive to an array of unknowns, including future prices for both conventional fuel and
renewable energy. Because this work is highly sensitive to assumptions and the quality of research, it is
critical that policy makers seriously evaluate the work presented to them; and even after careful scrutiny,
place jobs estimates within the broader context of energy, the economy, the environment, and the future.
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