José María Aznar. Discurso FAES acerca del Estado de las Autonomías

“En el debate sobre el Estado autonómico se ha alcanzado un nivel de confusión que
debemos despejar lo antes posible. Un nivel de confusión que nace de la moda de
debatir sobre estereotipos, eslóganes y prejuicios, en lugar de hacerlo sobre análisis
detallados, estudios sólidos y juicios solventes.

El estudio que hoy presentamos no ayudará en nada a los amantes del eslogan
estruendoso, porque es fruto de un trabajo concienzudo obra de tres personas expertas y
serias. Quiero dar las gracias a los tres autores: a Julio Gómez-Pomar, a Mario Garcés y
a Gabriel Elorriaga, porque trabajos como éste son la base que necesitamos para que el
debate político en España se apoye en datos y argumentos y pueda así elevarse desde el
ínfimo nivel al que algunos lo han rebajado.

Porque, en buena medida, nuestro futuro como nación va a depender de que sepamos
abordar en serio los debates realmente importantes. Y entre ellos destaca la necesidad de
una profunda reforma de nuestro modelo de gestión territorial para hacer lo que otros
países, comenzando por Alemania, ya han hecho recientemente: transformarlo en un
activo económico y social que ayude a generar progreso y bienestar y que vertebre
mejor al conjunto del país.

Quiero aprovechar la presentación de este magnífico Informe de FAES para exponer
muy brevemente tres razones que hacen inaplazable un debate serio y profundo sobre la
reforma de nuestro Estado autonómico. Tres razones que no agotan los argumentos a
favor de esta iniciativa pero que, a mi juicio, son suficientes para mostrar su
importancia.

En primer lugar, me parece esencial señalar que la reforma del Estado autonómico no es
sólo ni principalmente un asunto local, como algunos pretenden. Muy al contrario, es un
asunto de política nacional y ya se ha convertido en un tema inaplazable de política
europea de primera magnitud.

Lo es porque el proyecto de moneda común, que es el euro, tiene que avanzar hacia
nuevos compromisos de gobernanza, de disciplina presupuestaria y de competitividad
de los que deben responsabilizarse todos los niveles de la Administración.

En este nuevo contexto europeo, con exigencias perentorias, el rendimiento económico
e institucional de España debe mejorar sustancialmente. El rendimiento económico y
el institucional no se pueden conseguir el uno sin el otro. Hoy menos que nunca. La
renuncia a cualquiera de ellos será un lastre para el conjunto.

Alemania, modelo a seguir

Hace ya algunos años, Alemania, una nación con estructura federal, con unos estados
federados, por cierto, con menos competencias que nuestras comunidades autónomas,
inmersa por entonces en una dura crisis económica, llegó a la conclusión de que el
funcionamiento defectuoso de su modelo federal bloqueaba la adopción de las reformas
necesarias para el país y frenaba su modernización.

Alemania llegó a la conclusión de que su modelo de organización territorial necesitaba
reformas. Reformas para hacer posible el gobierno para todos los alemanes, gobernara

quien gobernara. Y reformas también para evitar solapamientos, duplicidades y, por
tanto, una fuerte sobrecarga de gasto público, es decir, de impuestos, con lo que ello
representa de dificultad para competir en la Europa del euro.

Las dos grandes fuerzas políticas alemanas acordaron una reforma constitucional que
mejoró notablemente el gobierno de la nación. Se trata de un ejemplo de cómo se
pueden hacer bien las cosas en una nación europea mediante fórmulas de amplio
consenso político.

El nacionalismo y la izquierda, en busca del “desbordamiento de la Constitución”

Hoy, buena parte de la atención de nuestros socios europeos y de las principales
instituciones económicas de todo el mundo está puesta en cómo pensamos resolver los
españoles los problemas que se manifiestan en nuestro modelo de organización
territorial.

Porque en estas circunstancias, pensar que basta con seguir haciendo política de vuelo
corto con el modelo autonómico sería sencillamente dar la espalda a los problemas. Así
han venido haciéndolo en nuestro país los que tenían que abordarlos, con los resultados
que todos sufrimos.

En este debate, confieso que cuesta recibir lecciones de autonomismo de los que no han
dejado de proclamar que el modelo autonómico de la Constitución es una fórmula
caduca e incluso un obstáculo para la convivencia. Me refiero, como pueden suponer, al
nacionalismo independentista y a la izquierda que ha buscado el desbordamiento
de la Constitución para imponer por la puerta de atrás una fórmula confederal en
España.

Comenzaré por recordar que el informe de FAES que hoy presentamos lleva por título
‘Por un Estado autonómico racional y viable’.

Eso quiere decir que, en mi opinión, y me gustaría subrayarlo, las Comunidades
Autónomas no son un problema. Lo que ocurre es que las Comunidades Autónomas
“tienen” problemas. Problemas que es necesario resolver.

Negar que las Comunidades Autónomas tienen problemas graves que hay que abordar
de inmediato es hacer un ejercicio de irresponsabilidad impropio de un país serio y que
aspire a proyectar confianza. Si queremos seguir formando parte del proyecto europeo
debemos resolver, entre otros, los problemas de nuestro Estado autonómico, porque
de lo contrario tendremos dificultades crecientes para seguir anclados en el euro. Y
eso supondría para España ver amenazada gravemente su condición de socio europeo de
primera y pasar a ser socio de segunda.

Es decir, supondría dejar de contar en Europa, quedar fuera de las grandes decisiones
europeas, y abandonar una de las claves de prosperidad y de modernización de nuestro
país desde 1978, una clave de prosperidad insustituible.

Por tanto, la primera razón para reformar el funcionamiento de nuestro Estado
autonómico es que queremos seguir siendo protagonistas del proyecto europeo. Y el
proyecto europeo necesita que España lo haga tan bien como sabe hacerlo.

La segunda reflexión que a mi juicio debe enmarcar el debate sobre el modelo territorial
es que nuestro sistema de bienestar está encomendado a las Comunidades Autónomas.
Y por cierto, me precio de que bajo mi Gobierno, y con pleno consenso, se completaron
las transferencias de Sanidad y Educación a todas las Comunidades Autónomas, con la
voluntad política de culminar nuestro modelo autonómico.

Hoy, por razones de eficiencia, de equidad y de coherencia política, necesitamos poner
al día este modelo para garantizar plenamente su futuro.

Han sido las comunidades autónomas las responsables de desarrollar y gestionar las
principales políticas de bienestar en las últimas décadas. Por eso debatir sobre los
problemas del modelo autonómico es mucho más que recrear los debates identitarios,
aunque a algunos les parezca entretenido dedicarse sólo a esos asuntos.

Son problemas que afectan de lleno a nuestro modelo de bienestar y que, por ello,
afectan a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades que una democracia
avanzada debe asegurar. Se trata de garantizar que todas las administraciones trabajen al
servicio de todos los españoles.

En consecuencia, la segunda razón para reformar el funcionamiento del Estado
autonómico es ésta: para asegurar el futuro de nuestra sociedad de bienestar. Si no
estamos a la altura de las reformas que exige el modelo autonómico, será nuestra
sociedad de bienestar la que pague las consecuencias.

Finalmente, como tercera reflexión, quiero reiterar la opinión que tuve ocasión de
expresar hace algunos meses después de que el Tribunal Constitucional se
pronunciara sobre el Estatuto de Cataluña.

Tras la sentencia, creo que no es posible debatir con el rigor necesario acerca de nuestro
modelo autonómico sin tener presente que el Tribunal ha fijado ya de manera
inequívoca los límites jurídico-políticos del proceso descentralizador español. A
partir de ahí, se reconozca o no, el debate se sitúa en lo que el Consejo de Estado -en su
informe de febrero de 2006- llamó “la superación de la apertura del modelo
autonómico”.

En otras palabras, el modelo de Estado tiene una configuración constitucional definida
y, por tanto, no puede quedar a merced del aventurerismo político de mayorías
pasajeras. Un Estado puede ser muchas cosas pero, desde luego, no puede ser
imprevisible.

Hay quienes, frente al Estado autonómico, exhiben su nostalgia premoderna por
fórmulas confederales, ninguna de las cuales ha vivido para contarnos sus supuestas
ventajas.

Hay quien sigue patrocinando un destructivo juego de suma negativa entre el Estado y
las Comunidades Autónomas que debilita a todos. Y, por supuesto, en este repertorio de
despropósitos, hay quienes trabajan a favor de un Estado residual. Unos porque
consideran que ese Estado residual es el único deseable y otros porque creen que es el
único posible.

Pero nada de esto es la opción de la Constitución, y nada de esto es la opción de la
ciudadanía. Bien al contrario, todas ellas son apuestas políticas temerarias y
empobrecedoras. Y siempre propuestas de minorías, de minorías locales o políticas, no
de mayorías sociales.

Necesitamos un Estado capaz de responder a las exigencias y a las expectativas de los
ciudadanos. Un Estado capaz de asegurar:

las reglas del juego,
la igualdad ante la ley y los tribunales;
las políticas de cohesión,
el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad a los servicios públicos,
y los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles en toda España.

Necesitamos un Estado capaz de impulsar las reformas necesarias, que pueda defender
de manera creíble nuestros intereses en el exterior. Lo necesitamos todos y lo
necesitamos ya. Un Estado que encuentra su fundamento en la Nación como único
sujeto soberano y en la Constitución como única fuente de legitimidad de sus poderes.
Un Estado de lo común, de lo que afecta a todos, de lo que todos tenemos derecho a
decidir, de lo que todos podemos legítimamente esperar de los demás.

Así pues, la tercera razón para reformar el funcionamiento de nuestro Estado
autonómico es ésta: para hacer plenamente vigente la Constitución de 1978 y para
preservar el derecho de la Nación española a decidir su propio destino libremente,
a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida.

Tenemos que evitar que la deriva de nuestro modelo autonómico anule las ventajas y
oportunidades de ser un país grande en Europa. Tampoco debemos desaprovechar el
acierto para nuestra convivencia de la fórmula de organización territorial consagrada en
nuestra Constitución, que es la de de un Estado descentralizado.

El objetivo debe ser el pleno aprovechamiento de las economías de escala para que los
españoles compitan con éxito en el mundo globalizado. Porque España no puede
competir ni en Europa ni en el mundo con unas Comunidades Autónomas
aspirando a convertirse en mini-Estados. Simplemente, no es posible.

Al mismo tiempo, debemos estimular la competencia institucional entre las
Comunidades Autónomas para mejorar el rendimiento de nuestro modelo territorial en
beneficio de todos los españoles.

No podemos mostrarnos hacia el exterior como un territorio fragmentado,
enfrentado, inseguro y escasamente previsible. Tampoco debemos convertir nuestra

diversidad territorial en un viaje a ninguna parte impulsado por la obsesión de ser
“igual de diferentes”, una ambición tan extravagante como paradójica.

Confío en que dentro de muy poco tiempo los españoles respaldarán en las urnas la
búsqueda de un acuerdo ampliamente mayoritario en torno a la necesaria reforma de
nuestro modelo autonómico. Estoy convencido de que el Informe que hoy presentamos
constituye una contribución muy valiosa, fruto de la solvencia y el rigor intelectual de
sus autores, que será apreciada por todos los que desean lo mejor para nuestro país”