No debería echar las campanas al vuelo Rubalcaba porque el juez Pablo Ruz haya decidido no llamar a declarar a Antonio Camacho, número dos de Interior, en relación al caso Faisán. El momento procesal es un “por ahora” y no implica cerrar las investigaciones sobre el chivatazo ni dejar de poner la lupa sobre el secretario de Estado y su famoso número de teléfono con el que habló con imputados en el affaire del Faisán.
Lo que ha ocurrido es que el magistrado de la Audiencia Nacional se ha atenido a un informe policial de Interior para señalar que el testimonio ante los tribunales del secretario de Estado de Interior, no es “determinante” a efectos de establecer la verdad de lo sucedido en torno al chivatazo. Quedan pendientes otras muchas diligencias y Camacho podría ser llamado a declarar en el curso de la investigación.
La coartada esgrimida por el Gobierno, a saber, que diversos miembros de las Fuerzas de Seguridad utilizaban con alguna frecuencia el móvil de Camacho, resulta inverosímil, el más débil de los pretextos para engañar a la opinión pública justo cuando el caso Faisán estaba a punto de ser revelado en toda su verdad.
Pero mientras el juez de la Audiencia Nacional investiga de forma minuciosa, cuidando las garantías procesales, el Gobierno trata de guardar las espaldas de Camacho. Como hoy publica LA GACETA, el Ministerio de Justicia acaba de echarle una mano, al respaldar su blindaje dentro de la carrera fiscal. Y Rubalcaba, por su parte, aprovecha la finta procesal de ayer para buscar tajada política. Es plenamente consciente de que en su propio futuro el mayor lastre es precisamente el turbio caso Faisán. El affaire no hace sino acentuar esa sombra sobre el posible sucesor de Zapatero como candidato socialista en las próximas elecciones generales. Su enfado farisaico ante los periodistas en el día de ayer –el ministro habló de “calumnias” contra su secretario de Estado– es de una hipocresía propia del número dos del Gobierno. Porque el caso no está cerrado. Y la Justicia no ha dicho su última palabra sobre el Faisán.
Al margen de la finta procesal de esta semana, hay una serie de hechos ciertos que se resumen en uno: en plena tregua-trampa de ETA, en mayo de 2006, hubo un soplo de Interior a la banda de asesinos. Y por ese asunto están imputados varios cargos de la cúpula policial, con Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía en primer término. Y desde el número de teléfono de Camacho, número dos de Rubalcaba, se hicieron llamadas a los imputados. Y el juez de la Audiencia Nacional investiga, entre otras cosas, la conexión del chivatazo con el PSOE. También sabemos que desde la propia Justicia –Garzón– y desde la Fiscalía se ha tratado de entorpecer el proceso judicial, echando tierra sobre la investigación del chivatazo. Y que esta es una de las pruebas inapelables de que el Gobierno no ha roto del todo los hilos de la negociación con los asesinos.
Huelgan las arrogantes réplicas de Rubalcaba, que se ha tomado a broma la treintena larga de preguntas parlamentarias. Porque si hasta ahora los responsables de Interior no han tenido que comparecer ante la Justicia para explicarse, al menos sí deben hacerlo ante todos los españoles en sede parlamentaria. Porque mientras callen Rubalcaba y Camacho las sospechas seguirán creciendo. Si el propio Rubalcaba se niega a “poner la mano en el fuego” por sus compañeros del partido y del Gobierno, cómo no han de tomar cuerpo las sospechas entre la ciudadanía. Tanto que quizá se lleven por delante al propio superministro y a su número dos.
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